Días atrás, el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, envió al pre­sidente de la Nación, Alberto Fernández, una carta en la que le planteaba la situa­ción que se suscita en el límite con la República del Para­guay, en la zona en la que se encuentran enclavadas las islas Apipé Grande y Api­pé Chico, frente a la localidad de Ituzain­gó aguas abajo de la represa hidroeléctri­ca de Yacyretá. Una situación que inclu­so había generado acciones violentas entre pobladores e integrantes de las Fuerzas Armadas del país vecino de Paraguay y de segu­ridad de la República Argentina.
En el marco del conflic­to que se suscitó por la cuestión limítrofe de la Isla Apipé con la República del Paraguay, y ante el reclamo diplomático que viene lle­vando adelante la provincia de Corrientes ante la Na­ción, ahora se replican los pedidos de informes desde el ámbito legislativo nacio­nal. En este contexto, por iniciativa de la diputada na­cional Estela Regidor y con el apoyo del bloque radical, se presentó al Congreso un proyecto de resolución soli­citando informes al Ministe­rio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto requiriendo los pro­tocolos vigentes respecto a la cuestión limítrofe con el Paraguay, además requieren a la Cancillería argentina la documentación definitiva en relación a la fijación de los límites; o si hubo algunas actuaciones posteriores que pudieron haber modificado en algo el trazado obrante en las documentaciones vi­gentes.
Por otra parte, también los diputados nacionales del bloque radical corren­tino solicitaron al Poder Ejecutivo, para que a través del Ministerio de Relacio­nes Exteriores, Comercio Internacional y Culto arbi­tre de manera urgente las gestiones necesarias a fin de solucionar los distintos inconvenientes migratorios que tienen los ciudadanos argentinos cuando se trasla­dan desde la Isla Apipé hacia el territorio correntino.
Respecto a ello, la legisla­dora nacional fundamentó: “La iniciativa que presenta­mos tiene como fin solici­tar que se instrumente una solución a la situación que originan los problemas mi­gratorios a los ciudadanos argentinos cuando se trasla­dan de la isla Apipé hacia el territorio correntino”.
“Las islas de Apipé Grande y Apipé Chico se encuentran en una situación denomina­da ‘costa seca’, calificación que por sí misma demuestra irracionabilidad, dado que, en dicho punto geográfico del territorio nacional, la costa es la frontera, no pu­diendo ejercerse soberanía ni explotación económica sobre las aguas adyacentes”, fundamenta.
“La represa de Yacyretá, con motivo de sus operacio­nes, es habitual que libere parte de las aguas embal­sadas y ello provoca inun­daciones en la citada isla. Empero, lo que es insólito es que como las aguas circun­dantes son prácticamente de jurisdicción paraguaya, los isleños tienen obstácu­los y trabas, provocados por la Prefectura del país herma­no, para realizar su ancestral trabajo de pescar, su medio de vida básico”.
“Sin perjuicio de la cues­tión puramente jurídica, el efecto real de la situación planteada es que los más de 2 mil argentinos que habi­tan las islas para trasladarse a otros puntos de nuestro país, previamente deben ‘salir del territorio nacio­nal’ para volver a ingresar al mismo. Además, no pueden hacer uso y explotación de las aguas adyacentes, pues, de acuerdo a la demarcación que ahora se reprocha, ellas no pertenecerían al territo­rio argentino”.
En cuanto a la cuestión limítrofe agrega: “La inicia­tiva que presentamos tiene como fin conocer los límites, los instrumentos por los que se aprobaron, protocolos de intervención ante los con­flictos jurisdiccionales que se suscitan en la zona de la Isla de Apipé y el Paraguay.
Para ello solicitamos al Poder Ejecutivo que infor­me a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Co­mercio Internacional y Cul­to de la Nación los límites entre la República Argentina y la República del Paraguay en la zona de la Isla de Apipé y de la Represa de Yacyretá y acompañe toda la documen­tación”.
El Tratado que fija los límites entre Ar­gentina y Paraguay se firmó el 3 de febrero de 1876 entre Bernar­do de Irigoyen por la Argentina y Facundo Ma­cháin por el Paraguay, por el cual se puso fin a algunas de las cuestiones pendientes entre ambos países y se so­metió a arbitraje otras

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